El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresa su preocupación frente a las acciones legales iniciadas por el presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán, Miguel Chaibén Terraf, contra seis periodistas vinculados al programa El Avispero y al medio digital Enterate Noticias. Los colegas investigan desde 2024 su gestión al frente del organismo de control.
El 6 de octubre, Terraf inició un procedimiento de mediación civil por daños y perjuicios por presunta afectación al honor contra Mauricio Formoso, Roque Galeano, José Ignacio Sbrocco, María Eva Amarú Orlando, Juan Pablo Merino y Álvaro Aurane. La audiencia fue fijada para el 19 de noviembre. El 9 de octubre, el funcionario remitió cartas documento a Galeano, conductor del programa, y a Formoso, titular de Enterate Noticias. En ellas los intimó a rectificarse y retractarse en un plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de reclamar daños y perjuicios e iniciar acciones penales por calumnias e injurias.
Las intimaciones no se limitan a reclamar la corrección de afirmaciones concretas. Exigen el cese de la difusión de contenidos, su eliminación de los sitios bajo responsabilidad de los periodistas y el abandono del uso de la imagen del funcionario para identificar publicaciones. También advierten a los periodistas que se abstengan de reiterar sus señalamientos.
FOPEA considera que este tipo de intimaciones configuran intentos de censura previa, una conducta vedada por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, porque buscan impedir con antelación la difusión de información bajo la amenaza de acciones civiles y penales.
Las publicaciones cuestionadas se refieren a contrataciones estatales, obras públicas y el funcionamiento del organismo encargado de controlar el uso de los fondos públicos de la provincia. Se trata de asuntos de evidente interés público, sobre los que un funcionario de esa jerarquía debe tolerar un grado de escrutinio mayor que el de cualquier ciudadano. Así lo establece la doctrina de la real malicia adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así lo dispone también el Código Penal desde la reforma de la Ley 26.551, que excluyó de los delitos de calumnias e injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público, en línea con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Vale aclarar que este episodio no es aislado. En septiembre de 2024, FOPEA expresó su preocupación por la denuncia de Galeano, quien relató haber sido increpado en la vía pública por familiares del funcionario. En noviembre de ese año, la entidad se solidarizó con Galeano, Martín Faciano y Formoso ante una situación de acoso y hostigamiento vinculada a la misma cobertura.
FOPEA no se pronuncia sobre la veracidad de cada una de las afirmaciones en disputa. Es más, todo funcionario tiene derecho a aclarar, responder y solicitar la rectificación de lo que considere inexacto. Pero el derecho de réplica y el debate público son las herramientas propias de una sociedad democrática. Las cartas documento y los reclamos judiciales dirigidos contra un grupo de periodistas tienen un efecto inhibitorio no sólo sobre sus destinatarios sino sobre el periodismo en general, y deterioran la calidad de la información que recibe la sociedad.
