El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), a través de su Monitoreo de Libertad de Expresión, sigue con atención la querella por calumnias e injurias promovida por el titular de la Gendarmería Nacional Argentina, Claudio Miguel Brilloni, contra el periodista Alberto José “Beto” Valdez, a raíz de una publicación realizada el 31 de agosto de 2026 en su cuenta de la red social X.
De acuerdo con la presentación judicial, la acción se originó en una publicación en la que Valdez hizo referencia a un supuesto vínculo sentimental entre Brilloni y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y relacionó esa situación con su regreso al servicio activo y un eventual conflicto de intereses. El escrito también cuestiona referencias del periodista a presuntas irregularidades, falta de transparencia y contrataciones bajo sospecha durante la gestión del funcionario.
Brilloni sostiene que parte de la información difundida es falsa y que afectó su honor y reputación. La querella encuadra los hechos en los delitos de calumnias e injurias previstos en los artículos 109 y 110 del Código Penal y solicita una sentencia condenatoria con costas y su posterior publicación. En la presentación también se deja constancia de la posibilidad de avanzar por la vía civil con una demanda por daños y perjuicios.
Valdez solicitó el acompañamiento de FOPEA y manifestó ante este Monitoreo que considera que la acción judicial tiene un efecto de amedrentamiento y condicionamiento sobre su tarea. El periodista vincula la situación con investigaciones que venía realizando sobre distintos aspectos de la gestión de Gendarmería Nacional, entre ellos cuestiones presupuestarias, salariales y de cobertura de salud, así como contrataciones y presuntos sobreprecios.
FOPEA observa con preocupación el recurso a una acción penal contra un periodista cuando parte de las publicaciones cuestionadas se vinculan con asuntos relacionados con la gestión de un organismo público. La asimetría existente entre un periodista y quien ocupa la máxima conducción de una fuerza federal de seguridad exige especial prudencia para evitar que una controversia judicial pueda producir un efecto inhibitorio sobre la investigación y el escrutinio de los actos de interés público.
En el marco del relevamiento del caso, el Monitoreo de FOPEA se comunicó con el Dr. Rodrigo Guzmán, abogado de Claudio Brilloni, con el propósito de conocer la posición de la parte querellante. El letrado atendió la consulta, pero desistió de brindar precisiones sobre el caso, amparándose en el secreto profesional.
FOPEA seguirá con atención el desarrollo de las actuaciones y espera que puedan privilegiarse los mecanismos que permitan resolver el conflicto sin afectar el libre ejercicio del periodismo ni el derecho de la sociedad a recibir información sobre asuntos de interés público.
