El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresa su disconformidad con el proyecto de ordenanza de concejales de La Libertad Avanza que propone modificar el Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires.
El proyecto busca regular el funcionamiento de las reuniones de comisión -comisión plenaria o Concejo constituido en Comisión- definiéndolas como actos internos de trabajo legislativo y no como sesiones públicas. Argumenta que el carácter reservado de los debates fomenta un intercambio de ideas más sincero y facilita la búsqueda de consensos sin la presión de una exposición mediática inmediata.
Según testimonios recabados por este Monitoreo, desde hace años, los expedientes se analizan en una única comisión que reúne a todos los bloques, sin respetar la estructura formal prevista en el Reglamento vigente.
El proyecto de LLA propone en su artículo 97 bis definir a las reuniones de comisiones como actos internos de trabajo legislativo, por lo que no son de acceso público ni se transmitirán en vivo. Se prohíbe explícitamente que terceros filmen, graben o transmitan en vivo sin autorización de la Presidencia. Consigna que la Presidencia generará imágenes y/o videos oficiales exclusivamente para el archivo institucional y para resúmenes informativos, indicando que «en un plazo de cinco días hábiles presentarán un resumen en la web oficial».
Periodistas de la ciudad señalan que uno de los puntos más cuestionados es el intento de tratar la Rendición de Cuentas sin que esté conformada la Comisión de Presupuesto y Hacienda, lo que estiman implicaría una violación del reglamento interno.
FOPEA insta al Concejo Deliberante de Mar Chiquita a rechazar el proyecto, recordando que entre los principios del sistema republicano se establece que los actos de gobierno son públicos, lo que se traduce en que también lo son aquellos propios de los cuerpos parlamentarios de gobierno en todos sus niveles.
Así lo disponen en forma expresa los Reglamentos de las Cámaras de Senadores y de Diputados de la Nación, que prevén que las reuniones de comisión son públicas, no solo para la prensa sino para toda persona que quiera asistir. Solo a modo excepcional y con el voto de la mayoría de los integrantes, contempla la posibilidad de que alguna reunión pueda realizarse en reserva.
Más aún, esos Reglamentos prevén que las comisiones puedan convocar a ONG, a investigadores, a profesionales de las diferentes áreas para aclarar o mostrar su visión sobre temas específicos como manera de acercar a la sociedad al Congreso.
También prevén la publicidad de las reuniones de comisión el Reglamento del Parlamento del Mercosur y, dentro del país, los de las Legislaturas de la Ciudad de Buenos Aires y la mayoría de las provincias.
Dar publicidad a los actos de gobierno y actuar con transparencia mostrando cómo se adoptan las decisiones de los cuerpos parlamentarios es, no sólo una manda constitucional, sino un imperativo para promover la confianza ciudadana en la política y en las instancias gubernamentales. La participación, aun cuando conlleve críticas, siempre contribuye a la construcción de consensos, a conocer opiniones diversas, conflictos de intereses entre sectores sociales o económicos y, en fin, a mejorar la calidad de las decisiones.
FOPEA registra el proyecto como un caso de abuso del poder estatal.
