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La tendencia se mantiene y parece ya ser un patrón de conducta del gobierno nacional. Un tercio de las agresiones contra periodistas registradas en los últimos tres meses por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) tuvo como protagonista al presidente de la Nación, Javier Milei, y cuatro de cada diez han sido protagonizadas por miembros del Poder Ejecutivo, incluido el jefe del Estado
El dato surge del último corte realizado por el Monitoreo de Libertad de Expresión, en el que se da cuenta de que hubo 37 casos en tres meses: un hecho cada dos días y medio.
Cuando se cumplieron los primeros 100 días de la actual gestión presidencial, FOPEA reveló que 4 de cada 10 agresiones a periodistas y a medios de comunicación habían tenido origen en el jefe de Estado o en sus ministros.
Un mes después de aquel reporte, las expresiones insultantes y agraviantes del Presidente de la Nación hacia la prensa se mantuvieron: en ese período del total de 17 los casos registrados, 13 provinieron del Estado, siendo el jefe de Estado el autor del 53% de esas agresiones a periodistas. La tendencia, lejos de modificarse , continuó a partir del 18 de abril: de los 37 casos registrados, 10 de ellos fueron efectuados por el presidente (27%). En su mayoría, las agresiones consistieron en atacar la reputación de los periodistas (“Discurso estigmatizante”). En ese apartado, también Milei fue el principal agresor (61.54%).
Marcelo Longobardi, María O´Donnell, Sofía Diamante, Ernesto Tenembaum, Matías Martin, Andy Kusnetzoff, Sofía Martínez, María Laura Santillán, fueron algunos de los blancos elegidos esta vez.
La presencia de trolls en línea, fomentando y sosteniendo campañas de desprestigio, se ha convertido en el paisaje corriente del último tiempo en el espacio virtual. Distintos colegas e inclusive FOPEA han sido atacados especialmente por manifestar su mirada crítica sobre algunas definiciones del Gobierno nacional. Vale destacar en este sentido el llamado a una matriculación obligatoria para periodistas, que nunca fue aclarado debidamente en forma pública por el propio ministerio que publicó la convocatoria.
Otro dato que se agrega a la lista de los últimos meses son las dificultades en el acceso a coberturas y entre ellas se inscribe la baja en algunas acreditaciones en la Casa Rosada sin explicación oficial. El caso de Silvia Mercado fue el más difundido y que se mantuvo por más tiempo o pero también hubo otros. FOPEA solicitó datos sobre las nuevas normas (si las hubiere) para determinar las acreditaciones, pero no ha habido respuesta hasta el momento.
Por otra parte, las disposiciones establecidas para la cobertura de actos públicos como el realizado entre el 8 y el 9 de julio en Tucumán, han dificultado el trabajo de los periodistas. Al contrario de lo que sucedía tradicionalmente, en ese caso los periodistas no pudieron ingresar a la Casa Histórica y el lugar dispuesto para seguir el acto quedaba a una distancia que impedía aproximarse a los participantes y acceder a los detalles de lo que estaba fuera del recorte que la transmisión oficial hacía.
A esto se han sumado decisiones de algunos estamentos judiciales, como el Tribunal Oral Federal de Tucumán, que impidió el acceso de la prensa a la audiencia preliminar de un caso por presunta corrupción.
También, se reiteran la judicialización o las amenazas de criminalizar la actividad o la opinión periodística. El envío de intimaciones por parte del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona a los periodistas Nancy Pazos y Darío Villarruel y la denuncia penal efectuada por la defensa del exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri contra el periodista Daniel Enz, constituyen un peligroso ejercicio del litigio público con la intención de amedrentar y acallar al periodismo, que es lo que internacionalmente se conoce como el inicio de acciones para judiciales contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés).
Ante este inquietante panorama, FOPEA reitera que la estigmatización del periodismo por parte de las más altas autoridades del país es un mecanismo de restricción de la libertad de expresión y una práctica que limita y reduce el debate público sobre temas de interés para la democracia y la rendición de cuentas de los funcionarios.
El hecho de que esta práctica sea ejercida, propiciada o amparada desde lo más alto del poder público tiene inmediata repercusión y ampliación en las redes sociales, que se traduce en violencia verbal, lo que no sólo puede provocar autocensura, sino también derivar en acciones de violencia efectiva en el espacio público. La prensa no puede estar blindada frente a las críticas, pero los agravios y las descalificaciones, algunos de ellos de marcado sesgo misógino, degradan el nivel del debate en una democracia.
Hubo 37 casos en tres meses, lo que representa que hubo 1 caso a razón de menos de 2 días y medio (2,4).
