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El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresa su preocupación por la denuncia penal que el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, presentó contra los periodistas Nancy Pazos y Darío Villarruel (Ciudad de Buenos Aires).
A título personal, el funcionario y abogado los acusa de una presunta “instigación a cometer delitos”, que prevé una pena de dos a seis años de prisión, a partir de opiniones vertidas por Pazos (Mega, Telefé, Radio 10) y por Villarruel (Splendid) respecto del hallazgo de alimentos retenidos en depósitos del Estado.
Ya en otras ocasiones, FOPEA advirtió sobre una tendencia creciente en la Argentina de criminalización de la prensa a través de la utilización del Código Penal. Esta práctica contradice normas internacionales sobre la libertad de expresión y supone una regresión en la materia. Cualquier ciudadano, mucho más un funcionario público, cuenta con herramientas para ejercer el derecho a réplica y, eventualmente, iniciar una acción civil en caso de sentirse afectado por publicaciones periodísticas.
El artículo 11 de la Declaración de principios sobre la libertad de expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, determinó que “las leyes que penalicen la expresión ofensiva dirigida contra funcionarios públicos, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información». En el plano local, desde 2009 y tras ajustarse a los criterios del fallo Kimel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Congreso argentino despenalizó los delitos de calumnias e injurias para temas de interés público.
Lejos de una defensa corporativa, FOPEA insta a los periodistas a ejercer el oficio con rigor, ética y responsabilidad profesional, tal como manda el Código de Ética de nuestra organización. En un contexto socioeconómico y político tan complejo como el actual, esas premisas deben ser respetadas con mayor énfasis por los colegas para evitar influir en el alcance o en el carácter de eventuales acontecimientos.
FOPEA reitera que la utilización del fuero penal contra periodistas resulta peligrosa porque genera autocensura no sólo en los destinatarios, sino que tiene un efecto disuasorio generalizado. Se desalienta a otros periodistas a reportar y a opinar sobre temas controvertidos, mucho más cuando el denunciante ostenta una responsabilidad pública directamente vinculada con las políticas públicas vinculadas a la administración de justicia en el país.
