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* Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Agradezco la generosa invitación de FOPEA para compartir unas breves reflexiones en esta edición de su Informe Anual. Es una invitación oportuna, principalmente porque es notable que las condiciones para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de prensa se han deteriorado en la Argentina. Aunque esta situación guarda similitudes con la de otros países del continente, es preocupante advertir indicios de autocensura y violencia en un país que ha sufrido un alto costo por la represión de estas libertades, pero que venció el temor a la palabra y que ahora, más que nunca, debe proteger la esfera pública como un foro para la deliberación abierta y el desacuerdo constructivo.
En los más de 130 días que han transcurrido desde la investidura del actual gobierno, he recibido reportes preocupantes de ataques contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación durante manifestaciones sociales, violencia digital contra la prensa, y discursos estigmatizantes por parte de autoridades públicas, que cuestionan y desacreditan su labor, calificándolos como “mentirosos” y “la peor cloaca del universo”. Estas conductas distan de ser una mera discrepancia; la estigmatización y la descalificación, lejos de constituir vías democráticas, erosionan la calidad del discurso público.
Sobre este punto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido enfático: los liderazgos públicos deben ejercer su libertad de expresión con una especial diligencia dada su alta investidura y capacidad de influencia y el potencial impacto de sus palabras en ciertos grupos de la población. Además, las autoridades públicas deben fundamentar sus declaraciones en hechos veraces, prevenir la violencia, fomentar la tolerancia y respetar los derechos humanos de forma inequívoca.
En este contexto, es importante advertir que los gritos de poder no necesariamente significan más libertad para la ciudadanía, y los ataques a la prensa no contribuyen a fortalecer y mejorar la labor periodística. Cuanto más poder se tiene y se ejerce en una sociedad democrática, mayor impacto tienen los mensajes que desde allí se emiten porque modulan percepciones ciudadanas. Los desacuerdos y controversias que son inherentes a la relación entre gobernantes y periodistas deben tramitarse en un entorno que privilegie el debate público y los hechos verificados, en un marco donde el pluralismo de ideas y los valores democráticos prevalezcan y no se vean lastimados por las vocerías oficiales.
Ante el ambiente hostil que enfrentan las y los periodistas hoy en Argentina, es vital que el Estado redoble sus esfuerzos para cumplir con los compromisos asumidos bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales, asegurando el ejercicio seguro del periodismo. La protección y promoción de la libertad de expresión y la libertad de prensa no deben ser vistas como una mera formalidad sino como un compromiso activo y constante para fortalecer la democracia. Una porción importante de la prevención de violencias contra la prensa pasa por el reconocimiento público, firme y constante, desde las más altas autoridades, de la importante labor de la prensa.
Asimismo, resulta esencial evocar el emblemático caso Kimel vs. Argentina, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta histórica decisión no solo enriqueció los debates sobre la libertad de expresión en el ámbito regional, sino que también expandió la interpretación de los estándares interamericanos. En ella, la Corte subrayó el imperativo de que los funcionarios públicos demuestren una mayor tolerancia ante la crítica, esencial para el control democrático y el pluralismo en una sociedad libre. En este caso, Argentina consolidó su rol fundamental en el avance de estándares de derechos humanos a nivel regional, reforzando la idea de que el escrutinio público es una piedra angular en el entramado democrático.
Ello implica un deber estatal de abstenerse de realizar cualquier acto que pueda coartar o silenciar a la prensa, como también de establecer garantías efectivas para que puedan realizar su labor libremente y sin temor a represalias. Además, implica reconocer desde el máximo nivel de gobierno el rol vital que desempeña la prensa en la supervisión de las acciones gubernamentales y en la facilitación del debate público.
Argentina debe continuar posicionándose como un bastión para la libertad de expresión, que no solo proteja, sino que también fomente una prensa libre y sin restricciones, reconociendo que una sociedad informada es el indicador de una democracia vigorosa. Ello es esencial para cualquier sociedad que se enorgullece de su compromiso con los derechos humanos y los principios democráticos.
La sociedad y la institucionalidad de la Argentina han transitado en las últimas décadas por un camino tremendamente difícil en el que como en muchos países se ejercieron censuras severas, pero como en pocos Estados también lograron forjar un debate público vigoroso, abierto y desinhibido. Quienes ejercen poder público hoy se han beneficiado de esa lucha contra la censura y los márgenes amplios de libertad de expresión. En tiempos de alta conflictividad social, todo gobierno que inicia una gestión debe refrendar su firme compromiso de no contribuir al deterioro del debate público, y asegurar que la voz oficial no aliente o sea permisiva a las violencias contra la prensa, cuidando de un ambiente donde el pluralismo, la tolerancia a la crítica y la transparencia guíen la deliberación democrática.
