El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) condena enérgicamente los tocamientos sufridos por dos periodistas en la Casa de Gobierno de Tucumán, por parte de militantes que asistían a un acto de asunción de nuevos funcionarios del gabinete del gobernador Osvaldo Jaldo.
Uno de los hechos aconteció en la puerta de la Sala de Prensa, donde una colega periodista esperaba para salir al aire en el medio en el que trabaja, oportunidad en que un grupo de militantes se le acercó hasta pegarse a su cuerpo, tocándola en forma abusiva, lo que constituye un acoso inaceptable.
En otro momento, otra mujer periodista que se encontraba en cercanías del corralito de prensa advirtió que estaban ingresando personas ajenas a la actividad profesional y, cuando se levantó para alejarse, fue abordada violentamente por un grupo de militantes que la manosearon en sus partes íntimas. Un funcionario, al ver lo que sucedía, la ayudó a liberarse del acoso.
No es la primera vez que suceden hechos de esta naturaleza en la misma Casa de Gobierno de Tucumán. En noviembre de 2021, en ocasión de realizarse las PASO en esa provincia, dos mujeres periodistas fueron abordadas violentamente por militantes, que las tocaron en forma abusiva, lo que mereció un repudio por parte de FOPEA y una reunión de esta entidad con autoridades de Gobierno, a fin de reclamar la adopción de medidas de salvaguarda para el ejercicio del periodismo profesional, en especial de mujeres periodistas.
FOPEA vuelve a exigir a las autoridades de la Provincia de Tucumán que garanticen las condiciones para el ejercicio del periodismo profesional en el interior de los organismos públicos y en la vía pública y expresa que las medidas adoptadas hasta el momento no son suficientes, lo que amerita solicitar que se incremente el control del espacio público y las áreas de cobertura de informaciones. En este sentido, se reclama que, así como se exige acreditación para el ingreso de periodistas, se controle también el acceso y la conducta de público y militantes en el interior de los organismos públicos. El derecho a informar es un bien social, y debe ser ejercido sin obstáculos ni agresiones de ninguna índole. En particular, las mujeres periodistas son un colectivo especialmente vulnerable en circunstancias de aglomeraciones.
