El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresa su rechazo al planteo del ministro de Economía, Luis Caputo, quien reclamó una ley para «castigar» a periodistas por publicaciones que considera carentes de sustento y de igual manera al respaldo inmediato que el presidente Javier Milei dio a ese planteo a través de una serie de mensajes con descalificaciones hacia varios colegas y medios.
FOPEA recuerda que el ordenamiento jurídico argentino ya contempla herramientas para que un funcionario público que se considere afectado por una información falsa reclame ante la Justiciay y existen mecanismos para ejercer el derecho de rectificación o respuesta. No existe, en consecuencia, una laguna legal que deba cubrirse con una norma destinada específicamente a sancionar a periodistas.
FOPEA advierte, además, que la propuesta del ministro Caputo se produce después de un año en el que nuestro Monitoreo de Libertad de Expresión relevó un promedio de un ataque cada dos días contra periodistas, con la abrumadora mayoría de los casos originados en funcionarios públicos. En ese contexto, una norma que habilite sanciones adicionales contra la prensa configuraría un serio desincentivo para la cobertura e investigación de asuntos de interés público.
Este episodio se suma a una escalada sostenida de agravios del presidente Javier Milei. Resulta especialmente preocupante que ese nivel de hostilidad se profundice en momentos en que distintas investigaciones periodísticas han aportado datos de interés público que todavía esperan respuestas de las autoridades.
Ese escenario demuestra, precisamente, el valor del periodismo. Investigar, preguntar, contrastar información y reclamar explicaciones al poder son funciones esenciales de la prensa en una sociedad democrática. Los intentos por desacreditar ese trabajo no hacen más que confirmar la importancia de que existan periodistas capaces de ejercerlo con valor.
La tensión entre el poder y el periodismo no es excepcional en una democracia. Lo que resulta inadmisible es que esa tensión abandone los carriles de la convivencia democrática para transformarse en agravios y hostigamiento .
Lejos de ser necesaria una reforma legal en la materia, el periodismo argentino —y la sociedad en su conjunto— requieren mayor prudencia, tolerancia a la crítica y respeto hacia el trabajo periodístico por parte de quienes ejercen responsabilidades públicas.
