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El lunes 24, la periodista Mariana Romero (Canal 10 y Radio Ciudad) público en la red social X que la prensa estaba siendo impedida de cubrir el juicio por el asesinato de Silvana Alejandra Monzón, ocurrido el 23 de junio de 2023. La causa llevaba la carátula de “femicidio” pero luego se le sumó el cargo de “abuso sexual”. A partir de esto último, los jueces del Colegio de Jueces Penales, del Centro Judicial Capital, determinaron que el juicio debía seguir con audiencias privadas, y ya no audiencias públicas como había comenzado, y dieron la orden de desalojar la sala, en la que además de Romero estaba el periodista Marcelo Cuello (Canal 10).
La colega le manifestó a FOPEA que la determinación del tribunal era inédita puesto que en otros juicios con la misma carátula se había permitido la cobertura periodística, con ciertas restricciones.
El martes 25 por la mañana, los jueces en cuestion -Sebastián Mardiza, Eduardo González y Valeria Mibelli- mantuvieron una reunión con este monitoreo y brindaron sus argumentos: citaron artículos del Código Procesal Penal de Tucumán que los habilita, en caso de “abuso sexual”, a decidir esa medida para resguardar a la víctima (en este caso a su memoria) y a los terceros afectados (a sus familiares). Aunque FOPEA solicitó la misma flexibilidad tenida en cuenta en los casos anteriores, los jueces definieron que mantendrían la prohibición pero se comprometieron a brindar información al término de cada audiencia y quedaron en resolver si la prensa podría estar presente en el momento del fallo.
Horas más tarde, el juzgado cambió de opinión y decidió que si la familia de la víctima hacía una presentación solicitando el ingreso de la prensa, podrían contemplar el pedido. La familia realizó dicha presentación, el juzgado decidió que eliminaría la restricción y la prensa pudo volver a ingresar a la sala.
FOPEA registra el caso como una “restricción al acceso a la información pública” y celebra que, a partir de tomar intervención, el juzgado haya reconsiderado su posición, garantizando así que la ciudadanía pueda informarse sobre lo que ocurre en dicho juicio.
