Santiago del Estero: una grieta invisibilizada

*Por Marcela Arce

Mientras atravesamos la segunda década del siglo XXI parece mentira que aún tengamos que reafirmar cada día que la libertad de expresión conforma un pilar fundamental de cualquier democracia, pues garantiza que los ciudadanos en general y los periodistas en particular puedan expresar sus opiniones y críticas de forma libre y sin temor a represalias.

Si bien el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos asegura que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión”, en la práctica este derecho se encuentra continuamente vulnerado.

Los casos registrados en los monitoreos de los últimos meses son una muestra clara y contundente de que este derecho se encuentra amenazado por diversos factores, donde el autoritarismo y la intolerancia se convirtieron en los caballitos de batalla de quienes rigen los destinos del país.

Con palabras cargadas de animosidad, desprecio e insultos hacia los periodistas, se pretende poner freno a cualquier crítica y cuestionamiento. En ese marco, el ejercicio del periodismo se convirtió en todo un desafío en la Argentina actual y Santiago del Estero no es una isla inmune a los embates que acarrea la profesión en estos momentos.

Al contrario, el escenario de crisis va planteando nuevos retos que nos interpelan como periodistas y nos cuestionan acerca de la importancia fundamental de informar con veracidad y objetividad, evitando caer en la manipulación, en la desinformación y, sobre todo, defendiendo la libertad de expresión.

Sin dudas, la libertad de expresión en Santiago del Estero es un tema sensible en nuestra sociedad provincial y pareciera dividir a los profesionales locales en una grieta invisibilizada. Por un lado, se encuentran aquellos que viven gracias a la pauta oficial, aunque ello significa convertirse en meros reproductores de información oficial.

Así, copiar y pegar noticias emanadas de oficinas de prensa de distintos organismos públicos se convierte en la tarea habitual y reiterada entre los medios, que reiteran hasta el cansancio los mismos títulos, crónicas e incluso errores ortográficos. En este sector nadie cuestiona un punto ni un coma, ni mucho menos se atreve a preguntar qué hay más allá de tal o cual información.

En la vereda del frente se encuentran aquellos medios y periodistas que intentan investigar a fondo. Es entonces cuando deben enfrentarse a diversas dificultades que significan una valla a la hora de ejercer su profesión.

Si bien el acceso a la información pública está garantizada y regulada a través de la ley nacional 27.275, y Santiago del Estero cuenta con la ley 6.753, promulgada en septiembre de 2005, resulta casi imposible obtener cualquier tipo de información pública.

Los pocos pedidos de acceso que logran ingresar al sistema no tienen respuesta de ningún tipo, la mayoría no tienen ni siquiera la posibilidad de pasar la mesa de entradas de los distintos organismos. Argumentos de todo tipo, como falta de sellos o la falta de autorización del tal o cual ministro, son las excusas más frecuentes. Con lo cual, si algún periodista pretende conseguir la información oficial de determinado asunto termina abandonando su cometido, agobiado por los mil pretextos que se interponen en su camino.

A la vez, las entrevistas a funcionarios públicos deben ser autorizadas por los distintos ministerios, quienes previamente dan parte a las respectivas áreas de prensa y dejan constancia sobre qué tema se quiere hablar.

Las preguntas a agenda abierta se tornan imposible, al igual que conseguir la opinión sobre algún asunto que pueda despertar alguna desconfianza y suspicacia. Sin embargo, si los entrevistadores pertenecen a medios que se consideran “amigos”, las trabas desaparecen, pues se entiende implícitamente que nadie hará una pregunta “desubicada” ni mucho menos algún tipo de cuestionamiento.

Otra barrera con la que se topan los periodistas es encontrar un lugar donde publicar tal o cual información, que puede resultar “sensible” para determinados sectores. Es así que una vez que logran realizar determinados trabajos de investigación, con resultados valiosos, pero imposibles de dar a conocer a través de medios tradiciones, deciden entregarlos a medios nacionales, firmarlos con seudónimos, o lanzarlos a las redes sociales, pero por no desde canales propios, sino a través de redes sociales o portales alternativos.

Sin embargo, son pocos los periodistas independientes que se atreven a publicar su información dando a conocer su verdadera identidad, pues saben que serán tildados como opositores y que nunca podrán acceder a la publicidad oficial. Esta es una de las limitaciones principales por la que muchos prefieren mirar hacia otro lado y no dar a conocer la realidad sobre determinadas cuestiones.

Aun así, nadie quiere que sus casos formen parte de las restricciones a la libertad de prensa y mucho menos que formen parte de este Monitoreo de FOPEA. Las presiones y las “advertencias” para evitar hablar de ciertos temas forman parte de la autocensura de muchos colegas. De modo tal que exigen que sus casos no sean registrados, aunque efectivamente hayan existido.

Es por ello que el presente Monitoreo tiene apenas un hecho registrado, el de un fotoperiodista tucumano que fue detenido por la policía de la provincia mientras realizaba sus tareas en la Estadio Único Madre de Ciudades y registraba hechos de violencia, durante un partido de fútbol. El caso fue denunciado ante la Justicia.

Definitivamente, la libertad de expresión se encuentra marcada por episodios de autocensura y persecución a periodistas que intentan ejercer su labor de forma independiente y crítica. Por ello, resulta necesario promover la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles, para garantizar que los periodistas puedan ejercer su labor de forma segura y sin temor a represalias.

En este sentido, la protección de este derecho encuentra un apoyo fundamental en la tarea que viene realizando FOPEA, brindando su apoyo para que los periodistas tengan la autonomía y la protección necesaria para informar con integridad y sin censuras, velando por la libertad de expresión que nos garantice una sociedad democrática y pluralista.