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El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudia las agresiones sufridas por periodistas en Jujuy, en el marco de las protestas y la represión policial por la reforma constitucional en esa provincia.
Las manifestaciones sociales tomaron fuerza durante el fin de semana y se intensificaron esta mañana frente a la Legislatura jujeña, mientras dentro del edificio se prestaba juramento al nuevo texto constitucional.
El periodista Santiago Martella, del canal de noticias TN, fue atacado por manifestantes mientras transmitía en vivo relatando los hechos. Profesionales de otros medios tuvieron dificultades para cumplir su trabajo en las numerosas refriegas que se registran en las calles en el marco de la violencia entre los integrantes de la movilización y la represión de las fuerzas de seguridad.
El sábado, dos periodistas fueron detenidos cuando la Policía dispersó una manifestación en Purmamarca. Sobre ellos pesa aún una imputación penal por el corte de ruta y sus teléfonos particulares fueron retenidos. Ese mismo día, los manifestantes apedrearon móviles de El Tribuno de Jujuy.
A estos inconvenientes se suman las trabas que encontraron los trabajadores de prensa para cubrir el proceso de reforma de la Constitución local. Tuvieron impedimentos para cubrir las reuniones de comisión y hoy no pudieron seguir la transmisión de la jura por streaming, aunque se mencionó una transmisión oficial que a esta hora de la tarde no está subida al canal de la Convención.
FOPEA exige a las autoridades que garanticen el trabajo periodístico y el derecho a informar y recuerda a los manifestantes que los periodistas cumplen un rol importante en la difusión de los sucesos y su seguridad no debe ser afectada. Recuerda también que los reporteros no son las empresas para las cuales trabajan, por lo que responsabilizarlos por la línea editorial de sus medios resulta injusto y arbitrario.
FOPEA se solidariza y se pone a disposición de los periodistas agredidos y reitera el pedido a las autoridades de tomar medidas de protección especial antes y durante cada manifestación. Estas garantías son imprescindibles para sostener una plena libertad de expresión y mantener a la sociedad informada en un asunto de interés público, como el proceso de reforma de una Constitución provincial.
