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El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechaza la decisión del Tribunal Oral Federal de Tucumán de impedir el acceso de la prensa a la audiencia preliminar de un caso por presunta corrupción.
Este martes, el tribunal compuesto por los jueces Ana Carina Farías (de Santiago del Estero), Abelardo Basbús (Santiago del Estero) y Enrique Lilljedahl (Catamarca) dispuso que la audiencia preparatoria del juicio contra el ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Juan Alberto Cerisola, sea cerrada para la prensa y el público. Ni siquiera se permitió que se hicieran imágenes de la sala.
Ante una consulta del Monitoreo de FOPEA, el presidente del TOF (Basbús) adujo que previamente se había acordado con las partes involucradas que la audiencia se realizaría sin público ni medios de prensa. No obstante, aseguró que el juicio oral que comenzaría el 27 de este mes se podrá cubrir sin ninguna restricción. El fiscal del caso, Pablo Camuña, negó que haya existido tal decisión consensuada y durante la audiencia pidió –sin éxito- que se permitiera el acceso a los periodistas.
En 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se refirió a la relevancia de la presencia del periodismo en los juicios orales, en esa ocasión en causas de violaciones a los Derechos Humanos, al establecer que “el principio de publicidad del proceso constituye una de las condiciones fundamentales de legitimidad de la administración de Justicia”. Además, el Código Procesal Penal de la Nación no admite lugar a otras interpretaciones, al plantear en el Capítulo II (Sección I) el mecanismo de las audiencias basado en la oralidad y en la publicidad. “El debate será oral y público, bajo pena de nulidad; pero el tribunal podrá resolver, aún de oficio, que total o parcialmente se realice a puertas cerradas cuando la publicidad afecte la moral, el orden público o la seguridad”, sostiene el artículo 363. Ninguno de esas salvedades encuadra dentro de la decisión arbitraria tomada por el tribunal.
FOPEA rechaza esta decisión y pide al TOF de Tucumán que garantice las medidas necesarias para la cobertura periodística, con los registros de audio e imagen necesarios para brindar a la sociedad una información completa sobre un proceso de notable trascendencia e interés público para la comunidad.
