FOPEA insta al Ministerio de Salud del gobierno de la Provincia de Córdoba a dejar sin efecto el memorando emitido el 13 de mayo pasado que impide a directores de hospitales y demás personal del sistema de salud a hablar con los periodistas sin autorización previa de las autoridades. Esta medida limita la libertad de la ciudadanía a acceder a información de interés público.
Según constató este Monitoreo, la Dirección General de Planificación Estratégica en Gestión en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba dirigió un memorándum a los jefes de los departamentos de Epidemiología e Integración de Niveles de la cartera de Salud en el que expresa que “todo pedido de información o solicitud de informes externos a esta Dirección General, ya sea efectuado por otras áreas del Ministerio, medios de prensa, instituciones gubernamentales o entidades privadas, deberá ser canalizado exclusivamente a través de la doctora Sonia Nieva, Directora General de Planificación Estratégica en Gestión de Salud, y de la doctora María Eugenia Vittori, Directora de Jurisdicción de Epidemiología e Integración de Niveles”. Más adelante, añade: “Se solicita que ningún agente, jefa o jefe de departamento, proporcione información, declaraciones, datos o documentación sin contar con la debida autorización de las autoridades mencionadas».
El memorando presenta similitudes con una comunicación anterior emitida en 2018, los colegas consultados aseguran que son evidentes los condicionamientos de los integrantes de los equipos de Salud a la hora de hablar ante los medios, como también que el cerrojo se hace más notable con el paso del tiempo. De hecho, las consultas de este Monitoreo ante las autoridades fueron respondidas con marcada lentitud, además de que un funcionario indicado como responsable de Prensa del gobierno nunca contestó los reiterados llamados y mensajes.
Nieva finalmente respondió al monitor que el memorando está dirigido sólo a tres dependencias que están bajo su órbita y “el objetivo es dar claridad a la información, porque a veces puede haber datos desactualizados que se prestan a confusión, en ningún momento se niega información”.
Al respecto, el abogado Rodrigo López Tais, experto en Derecho Político, analizó el memorando y llegó a la conclusión de que, en la opinión del jurista, “viola la libertad de expresión sin censura previa, obstruye el acceso a la información pública e impone una opacidad institucional incompatible con nuestro sistema republicano”.
López Tais cita los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional (CN) y los tratados internacionales con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22 de la CN), los artículos 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, IV de la Declaración Americana de Derechos Humanos, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13 del Pacto de San José de Costa Rica. Este último prohíbe la censura previa, interpretada como “toda medida que sujete al otorgamiento de autorización oficial la expresión de ideas o difusión de información”. Asimismo, López Tais considera que “el memorando también entra en conflicto con el artículo 51 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, que garantiza el “libre acceso a las fuentes públicas de información”.
