El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresa su preocupación por el retiro del medidor de electricidad que dejó sin servicio y sin posibilidad de transmitir a la radio La Red (La Rioja). La medida, tomada este domingo, puede configurar un ataque directo a la libertad de prensa y la independencia de los medios de comunicación, ya que habría sido adoptada como represalia por declaraciones realizadas por el titular de la emisora.
Este 21 de junio, personal de la empresa estatal de energía provincial procedió a retirar el medidor de radio La Red La Rioja, medida que afectó también a la repetidora de Cadena 3 de Córdoba.
La empresa de electricidad es presidida por el hijo del gobernador Ricardo Quintela. En la noche del día anterior, el propietario del medio, Cristian Machado, recibió un mensaje del número de contacto del Gobernador Quíntela acusándolo de «libertario» en represalia por una entrevista realizada por otro medio (Tiempo de San Juan) sobre la iniciativa del gobierno riojano de reclamar territorios sanjuaninos donde se ubican los principales yacimientos de cobre del país. La secuencia (audio intimidatorio seguido pocas horas después del corte del servicio mediante una empresa estatal) describe un patrón de presión inaceptable en una democracia.
FOPEA señala que utilizar recursos o empresas del Estado para condicionar, castigar o silenciar a un medio de comunicación constituye una forma de censura que vulnera derechos constitucionales y estándares internacionales de libertad de prensa. La titularidad de la empresa interviniente en manos del entorno directo del gobernador permite asociar la decisión operativa de la voluntad política expresada horas antes.
Desde FOPEA observamos con preocupación las responsabilidades institucionales que un hecho de estas características pueda tener y pedimos que los organismos competentes investiguen si existió coordinación entre la presión ejercida presuntamente por el gobernador y la acción posterior de la empresa estatal.
FOPEA reitera que ningún funcionario público, cualquiera sea su jerarquía, puede utilizar el poder del Estado para presionar, amenazar o silenciar a periodistas y medios de comunicación.
