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El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresa su preocupación por la decisión de la Justicia federal de Rosario (Santa Fe), de haber impedido que se registraran imágenes de la audiencia de acusación en contra del titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario, Marcelo Bailaque.
El jueves, a los tribunales federales rosarinos sólo se permitió el acceso de periodistas, pero no de fotógrafos y de camarógrafos. Esta decisión afecta claramente la calidad de la información que recibe la ciudadanía y, en consecuencia, se vulnera el derecho de acceso a la información.
No es la primera vez que en la Justicia Federal se disponen restricciones para la cobertura periodística, muchas de ellas basadas en arbitrariedades. En más de una ocasión, FOPEA alertó que la publicidad de las audiencias judiciales es indiscutida y que el derecho a la imagen no está protegido por la ley cuando una persona participe de actos públicos y esté en juego el ejercicio del derecho de informar. A excepción de aquellos casos especiales en los que la privacidad de una persona debe ser tenida en cuenta, como cuando se trata de menores, la Constitución nacional y los pactos internacionales a los que Argentina adhirió no prevén ningún privilegio para las personas públicas, como en este caso un juez federal.
Aún más, en la guía “Aportes para el Mejoramiento de la Relación entre Justicia y Prensa”, que fue presentado junto a la Corte Suprema de la Nación en 2007, se concluyó que era indispensable fomentar el acceso a la información judicial “evitando el secretismo para generar confianza en el sistema judicial”. Si bien ese acceso debe ser cuidadoso para no vulnerar la privacidad de los involucrados, particularmente en causas entre privados, las causas que involucran la cosa pública o funcionarios estatales deben tener un acceso más flexible y amplio, dado su impacto en la sociedad. La transparencia en estos casos es indispensable para garantizar el derecho de acceso a la información pública y la rendición de cuentas, además de crucial para fortalecer la confianza pública en el sistema judicial.
