El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) deplora las restricciones al acceso a la información registradas este viernes 5 de diciembre durante la reunión de la Comisión de Juicio Político en la Legislatura de Tucumán. A pesar de que la actividad parlamentaria es pública por obligación constitucional y sin mediar orden escrita ni argumentación que lo fundamentara, desde horas de la mañana, los pasillos del edificio fueron cerrados al acceso de la prensa. Los legisladores, tanto oficialistas como opositores, deliberaron a puertas cerradas y sin la presencia de asesores.
Los periodistas que cubrían la actividad lograron inicialmente tomar imágenes del encuentro, pero poco después el director de Prensa de la Legislatura, Carlos Villagra, solicitó que los medios se retiraran varios metros del lugar donde se desarrollaba la reunión. Según explicó una periodista presente, Villagra argumentó que la medida se debía al calor del ambiente. Minutos más tarde, al intentar acercarse nuevamente, un efectivo policial impidió el paso a los comunicadores.
La reunión de la Comisión de Juicio Político tenía como objetivo tratar el pedido de inicio de juicio político contra el Ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez, denunciado por la madre de Karla Robles, una joven que se quitó la vida durante una transmisión en la red social TikTok. El jefe de los fiscales fue quien solicitó la medida cautelar que un juez concedió -aun vigente- para que una compañía de videocable y sus periodistas no pueda hablar de funcionarios judiciales, fiscales y jueces.
Una vez finalizada la reunión, se permitió el ingreso de la prensa al sector, pero los legisladores ya se habían retirado. En ese momento, los periodistas lograron entrevistar brevemente al miembro de la comisión Roberto Moreno, quien respondió algunas preguntas en las escaleras de emergencia del edificio. Fue el único integrante de la comisión que accedió a dialogar con los medios.
FOPEA reclama a las autoridades de la Legislatura de Tucumán y de sus comisiones parlamentarias que respeten la obligación de publicidad de los actos de gobierno prevista en la Constitución Nacional, permitiendo el acceso de periodistas a las reuniones oficiales. Este acceso no es una prerrogativa de los periodistas sino un derecho de la ciudadanía a recibir información completa y veraz de lo que sucede en ámbitos de gobierno.