El Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifiesta su más enérgico repudio al accionar de las autoridades y fuerzas de seguridad de la provincia de Formosa contra un equipo periodístico del diario La Nación. Durante una cobertura en esa provincia la semana pasada, los periodistas fueron objeto de persecución, intimidación y una retención de dos horas para notificarlos sobre una falsa denuncia judicial, en un claro intento por amedrentar y obstaculizar su labor informativa.
El equipo estaba integrado por la cronista Micaela Urdinez, el realizador audiovisual Javier Corbalán, el sonidista Joaquín Rajadel y el camarógrafo Lautaro Guillamondegui. Los hechos de hostigamiento comenzaron el miércoles 17 de septiembre, cuando, al llegar a la comunidad de San José, una camioneta policial los interceptó para interrogarlos. Los agentes les pidieron sus datos personales y fotografiaron sus documentos de identidad de ambos lados.
A partir de ese momento, el equipo fue seguido y filmado constantemente por al menos dos camionetas con cristales polarizados, una de ellas con la patente alterada.
El hostigamiento escaló cuando la policía de Las Lomitas interrogó a miembros de la comunidad sobre el trabajo de los periodistas, molestos por el material que se publicaba en redes sociales.
El momento más grave ocurrió el viernes 19 de septiembre, cuando el vehículo del equipo de LA NACIÓN fue detenido en un control policial. Allí, un agente, junto a una persona de civil no identificada, les informó que debían ser notificados por una denuncia en su contra por «alterar la tranquilidad» de la comunidad, supuestamente radicada por el cacique Guillermo López. Esto resultó falso. La cronista se comunicó con el cacique López, quien no tenía conocimiento de la denuncia. Posteriormente, se supo que la Policía lo había trasladado a un destacamento para hacerle firmar un papel cuyo contenido desconocía.
Los periodistas fueron retenidos durante dos horas mientras las autoridades, inclusive cuatro personas de civil que manejaban el operativo, intentaban obligarlos a ingresar a la comisaría para prestar declaración. El equipo se negó a entrar y exigió que la acusación fuera leída en el exterior de la dependencia policial. Las autoridades se negaron a que los periodistas fotografiaran el documento, que fue firmado en disconformidad.
Estos hechos no son aislados, sino que se enmarcan en un contexto provincial donde se inhibe a las voces críticas, especialmente entre quienes dependen del empleo público.
El uso del aparato estatal para perseguir a periodistas, la vigilancia constante, la invención de denuncias y la retención ilegal constituyen gravísimas violaciones a la libertad de prensa y al derecho a la información.
Instamos a las autoridades judiciales de Formosa a desestimar esta falsa causa y a las autoridades provinciales y nacionales a garantizar el libre ejercicio del periodismo en todo el territorio argentino.
