La Ley 27275 promulgada en el año 2017, garantiza el derecho de acceso a la información pública, abarcando todos los datos que generan, obtienen, transforman, controlan o cuidan los organismos del Estado y empresas que reciben fondos públicos. La información se puede pedir por escrito o por medios electrónicos. No se necesita un abogado ni un gestor y es gratuita. El organismo debe responder en 15 días hábiles, que pueden ser prorrogados por igual período de tiempo. La Agencia de Acceso a la Información Pública fue creada para garantizar el ejercicio del derecho.
