(NOTA ACLARATORIA: Este texto reúne 2 ataques a la libertad de expresión, con el mismo agresor y mismo medio afectado: por un lado, un intento de censura y, por otro, un uso abusivo de la publicidad oficial)
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifiesta su rechazo al intento de censura previa y a las represalias mediante el abuso de publicidad oficial padecidas por el semanario El Expreso de Jujuy, de esa provincia, por parte de funcionarios del gobierno provincial que primero intentaron evitar la publicación de una nota de tapa y luego de que el medio emitiera ese contenido, le retiraron la pauta habitual como represalia.
Responsables de El Expreso de Jujuy relataron que el viernes 23 de octubre comenzaron a recibir llamados de funcionarios provinciales solicitándoles que retiraran una nota de tapa prevista para la edición del sábado 24 de octubre, referida a las repercusiones políticas de la interpelación legislativa al ministro de Turismo, Federico Posadas, y las tensiones generadas dentro del oficialismo provincial. Los funcionarios habrían argumentado que se trataba de un asunto de la interna gubernamental en el que el medio no debía involucrarse.
El sábado 24 de octubre, antes de que la edición comenzara a circular, el secretario de Prensa de la provincia, Alberto Siufi, se comunicó mediante un mensaje de audio con el editor del semanario, insistiendo en que retirara la publicación. Pese a estas gestiones, el medio decidió mantener la nota, que fue publicada en la edición N.º 975, bajo el título de tapa «Posadas y el descontrol…», desarrollada en páginas interiores con el título «Posadas, incendio y después…».
Los responsables del semanario denunciaron además que, con posterioridad a esa publicación, el Gobierno provincial dejó de remitirles el material correspondiente a la publicidad oficial que habitualmente recibían para incorporar en sus ediciones semanales. Aseguran que intentaron comunicarse con Siufi para obtener explicaciones, sin conseguir respuesta.
El jueves 12 de noviembre enviaron un correo electrónico al Gobierno provincial reclamando la regularización del envío de publicidad oficial y advirtiendo que, de no obtener respuesta, podrían iniciar acciones judiciales.
Los denunciantes consideran que la interrupción de la publicidad oficial constituye una represalia por haberse negado a retirar la información periodística cuestionada.
Ante la consulta de este Monitoreo, Alberto Siufi, secretario de Prensa del Gobierno de Jujuy, remitió una respuesta oficial, en la que rechazó las acusaciones de presiones y represalias contra el semanario El Expreso de Jujuy. Sostuvo que «no existe ningún tipo de represalia ni condicionamiento a la línea editorial de ningún medio, y mucho menos a El Expreso de Jujuy», y afirmó que el Gobierno mantiene con sus responsables un trato respetuoso, más allá de eventuales diferencias de criterio sobre publicaciones puntuales.
Respecto de la presunta interrupción de publicidad oficial, explicó que «la revisión y discontinuidad de determinadas órdenes de publicidad responde exclusivamente a una readecuación presupuestaria y de criterios técnicos de difusión», que, según indicó, se aplica de manera general. Agregó que la asignación de publicidad oficial no constituye un subsidio permanente ni un derecho adquirido, sino una herramienta de comunicación gubernamental sujeta a disponibilidad presupuestaria, planificación de campañas y criterios objetivos de alcance e impacto.
La respuesta oficial no se pronunció sobre el mensaje de audio que los denunciantes atribuyen al funcionario ni aporta documentación relativa a las modificaciones presupuestarias y los criterios de distribución mencionados.
FOPEA considera insuficiente la explicación gubernamental, en virtud de la coincidencia temporal entre los llamados anteriores y la quita posterior de la publicidad oficial, lo que configura un caso de intento de censura previa –específicamente vedado por la Constitución Nacional- y una sanción indebida por abuso del uso de recursos públicos destinados a dar publicidad a los actos de gobierno.
Esta entidad recuerda que, en su histórico fallo “Editorial Río Negro S.A. c/ Provincia de Neuquén” (Sentencia 330:3908, del 5 de septiembre de 2007) la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que, si bien la publicidad oficial no constituye un derecho adquirido de los medios, el Estado no puede utilizarla como un mecanismo indirecto para castigar, condicionar o censurar a un medio de comunicación en razón de contenidos específicos o de su línea editorial. Manifestó puntualmente que privar a un diario de pauta oficial de forma discriminatoria debido a la difusión de noticias contrarias al gobierno afecta la libertad de prensa y de expresión.
FOPEA exige al gobierno de la provincia de Jujuy a abstenerse de aplicar dineros de los contribuyentes -destinados a garantizar la libertad de expresión- como un garrote para intentar acallar voces críticas o disidentes. La pluralidad de informaciones e interpretaciones sobre temas de interés público es esencial para el buen funcionamiento de los poderes del Estado, y los funcionarios deben abstenerse de utilizar el poder y los recursos públicos para condicionar, limitar, restringir o castigar el normal flujo de información.