El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) destaca la resolución judicial que desestimó la denuncia penal presentada contra las periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno y el equipo periodístico de Todo Noticias (TN), a partir de un informe televisivo realizado en el interior de la Casa Rosada.
La denuncia había sido impulsada por el jefe de la Casa Militar, quien sostuvo que la difusión de imágenes registradas mediante lentes inteligentes vulneraba normas de seguridad y protocolos internos de acreditación periodística. Sin embargo, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó desestimar la causa al considerar que el material difundido no contenía información secreta, reservada ni clasificada, sino datos y movimientos vinculados a la actividad gubernamental que ya eran conocidos públicamente.
En esa línea, el juez federal Ariel Lijo resolvió desestimar la denuncia al entender que los hechos denunciados no configuraban delito penal y que la conducta analizada se encontraba amparada por el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
FOPEA considera especialmente relevante que la resolución judicial reafirme principios centrales para el funcionamiento democrático y el ejercicio del periodismo. El fallo recuerda que la libertad de expresión posee una protección reforzada en el sistema constitucional argentino y en los tratados internacionales de derechos humanos, en tanto garantiza no solo el derecho de periodistas y medios a informar, sino también el derecho de la ciudadanía a recibir información sobre asuntos de interés público.
Asimismo, la resolución establece una distinción fundamental entre eventuales discusiones administrativas vinculadas a normas internas de funcionamiento y la configuración de un delito penal contra la seguridad nacional. En particular, subraya que para que exista una afectación penalmente relevante deben difundirse secretos o información formalmente clasificada cuya revelación implique un riesgo concreto para la seguridad del Estado, situación que no se verificó en este caso.
FOPEA entiende que este criterio judicial resulta importante para evitar que argumentos vinculados a la seguridad nacional sean utilizados de manera expansiva para restringir, condicionar o criminalizar el trabajo periodístico sobre asuntos de interés público.
El Foro recuerda que el periodismo cumple una función esencial en el control ciudadano de los actos de gobierno y que cualquier restricción a la libertad de prensa debe ser interpretada de manera excepcional, proporcional y compatible con los estándares constitucionales y democráticos.
Finalmente, FOPEA reitera la necesidad de preservar condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo en los espacios públicos e institucionales del Estado, evitando decisiones o acciones que puedan generar efectos intimidatorios o limitar el derecho de la sociedad a acceder a información relevante sobre la actividad gubernamental.
