El Foro de Periodismo Argentino –FOPEA- advierte y condena la gravísima persecución con insultos y amenazas de deportación de la que es víctima la periodista venezolana freelance Marina Hernández por haber realizado un comentario crítico de un operativo del gobierno para detectar a inmigrantes ilegales y deportarlos. Ese ataque, que incluye la difusión de datos personales de la periodista e incluso algunos datos falsos que buscan presentarla como ligada al chavismo, fue respaldado por redes sociales por la diputada Lilia Lemoine, quien escribió que “Si no le gusta que se vuelva a su país”.
Desde que la periodista –que reside en la Argentina desde hace 8 años- realizó el comentario crítico en un vivo en su cuenta de Instagram, en el cual expresaba el espíritu de respeto a los migrantes que caracteriza a la Argentina y ligaba el cambio de clima a la afinidad de Javier Milei con Donald Trump, comenzó a recibir ataques a través de las redes sociales, al punto que debió cerrar su cuenta de X.
Allí, un tuitero publicó datos de toda la familia de la periodista, incluyendo algunos referidos a una ex pareja de su madre, con la intención de ligarla al chavismo. En muchos de esos mensajes de ataque, se arrobaba al presidente Milei y a Patricia Bullrich, instándolos a deportarla.
El más grave mensaje fue difundido un día atrás, y en él se publica el número de expediente por el cual Hernández tramita la ciudadanía argentina, con la intención de que se la rechace.
FOPEA advierte sobre la gravedad de este ataque a la libertad de expresión de una persona radicada legalmente en el país, que desempeña su tarea profesional dentro de la ley y en un marco de respeto por las normas vigentes en la Argentina. Emitir una opinión crítica sobre una determinada política gubernamental o un hecho determinado no implica desobediencia de las normas ni infracción alguna a la legislación migratoria.
La Argentina tiene una honorable tradición de recibir a migrantes, exiliados o desplazados por razones políticas o económicas, y en modo alguno puede admitirse la intolerancia, la persecución o el insulto injustificado como represalias por expresar una idea o una opinión.
