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Por Silvina Márquez y David Haskel
El período de campañas electorales 2023 y la nueva gestión de gobierno a partir del 10 de diciembre del mismo año han supuesto un gran desafío para la libertad de expresión en la Ciudad de Buenos Aires.
Es especialmente preocupante el nivel de violencia física ejercido por las autoridades contra periodistas en coberturas de marchas y manifestaciones.
Decenas de cronistas, camarógrafos y fotógrafos (generalmente, debidamente indentificados o identificables) han sido víctimas en varias oportunidades desde el inicio de 2024 de detenciones, golpes, balas de goma y gases lacrimógenes (especialmente irritantes) por parte de las fuerzas de seguridad. Algunos periodistas han tenido que ser hospitalizados y tratados por efectos de las lesiones recibidas.
También alarman los ataques verbales a los periodistas en redes sociales (especialmente X) por parte del presidente Javier Milei, y su vocero, Manuel Adorni. Los periodistas que se refieren a algún tema que incomoda al Poder Ejecutivo son tildados, entre otras cosas, de “operadores“, “ensobrados“ y “mentirosos“.
Esto anima a seguidores del gobierno a acosar e insultar a los periodistas atacados. También FOPEA ha sido objeto de estos ataques.
Estos embates buscan afectar la credibilidad de los profesionales y pueden llevar a la autocensura.
Alarman asimismo el cierre o suspensión de medios públicos y los despidos y la pérdida de ingresos de los periodistas.
Por otra parte, es preocupante que algunos medios y periodistas hayan adoptado una línea editorial totalmente oficialista. Esto ya ha ocurrido en gobiernos anteriores y hemos visto que no sólo afecta la credibilidad de los profesionales, sino también del oficio periodístico en general.
